El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Alejandro Carrasco, informó que tras la apertura de nuevas oficinas en la región serrana se ha registrado un incremento superior al 600 por ciento en los servicios brindados a pueblos originarios.
Detalló que en 2024 se abrió una oficina en Guachochi y en 2025 otra en Creel, lo que ha permitido ampliar la cobertura y acercar la institución a comunidades que anteriormente tenían dificultades para acceder a gestiones, asesorías y presentación de quejas.
Señaló que, además de estas sedes, la Comisión cuenta con oficinas itinerantes en Madera, Guerrero y Guadalupe y Calvo, lo que ha fortalecido la atención en la Sierra Tarahumara. Indicó que el crecimiento en estadísticas refleja que cada vez más personas de pueblos originarios confían en la institución y acuden para solicitar apoyo.
En relación con el desplazamiento forzado, explicó que la Comisión no puede intervenir de manera directa cuando los hechos son cometidos por grupos del crimen organizado, ya que su competencia se centra en actos atribuibles a autoridades. No obstante, señaló que sí participan de manera indirecta, acompañando a instancias como la Fiscalía, la Secretaría de la Defensa Nacional y otras corporaciones, para verificar que las acciones emprendidas se apeguen al respeto de los derechos humanos.
Añadió que la preocupación principal en la Sierra se concentra en tres ejes: el acceso a la salud, el acceso a la educación y la prevención de la violencia generada en diversas regiones. Indicó que no se trata de una problemática focalizada en un solo municipio, sino de un fenómeno de carácter social que requiere políticas públicas integrales, mayor educación, acceso a servicios y oportunidades de empleo.
Respecto a la falta de intérpretes en lenguas originarias, confirmó que existe una queja iniciada de oficio tras la publicación de una nota periodística sobre el fallecimiento de un menor en un hospital de la ciudad de Chihuahua, donde presuntamente no se brindó servicio de traducción a sus familiares. Explicó que, al tratarse de un caso que involucra a un menor de edad, la Comisión actuó sin necesidad de una denuncia formal y actualmente se encuentra dentro del plazo legal para que la Secretaría de Salud rinda el informe correspondiente y se determine si existieron o no violaciones a derechos humanos.